Durante estos meses no deja de salir en medios de comunicación la guerra que algunas Comunidades Autónomas (“CCAA”) mantienen con otras Autonomías y contra el propio Gobierno Central, en las que luchan por mantener su “independencia fiscal”.
El debate de la armonización fiscal no es nuevo, viene de lejos y condicionado en muchos sentidos por temas que no tienen nada que ver con los propios impuestos, bien sean ideologías políticas, pactos políticos o conveniencias electorales.
España es un país muy descentralizado en todos los aspectos, no solo el fiscal. Muchas materias están cedidas a los Gobiernos Autonómicos, véase Educación o Sanidad, por poner dos ejemplos. Pero es en el tema fiscal donde está la “madre del cordero” y es que hablamos de dinero y de cómo repartirlo.
Por un lado, tenemos la polémica de los territorios forales y su hacienda propia, reconocida en la Constitución Española, en la cual recaudan sus propios tributos y luego deberían pagar la compensación estatal por gastos que asume el Estado (Defensa o Exteriores), si bien, generalmente, es el Estado el que sigue compensando a dichos territorios vía concierto y convenio.
Por otro lado, el famoso Dumping fiscal de CCAA sujetas a normativa estatal. Debemos entender que las comunidades se financian, entre otros ingresos, a través de los impuestos estatales cedidos total o parcialmente a las mismas y a través de sus propios impuestos (establecidos por ellas mismas).
Los impuestos cedidos son aquellos establecidos y regulados por Normativa Estatal. Por ejemplo, el tramo autonómico del IRPF, la recaudación del IVA, Sucesiones y Donaciones y el más relevante, por su notoriedad pública que no por recaudación, el Impuesto sobre el Patrimonio. El rendimiento de estos impuestos pertenece total o parcialmente a las CCAA. Las autonomías pueden tener, o no, capacidad normativa para mejorar o empeorar lo establecido en la normativa estatal salvo en el IVA y es de esas capacidades de las que se está hablando a la hora de armonizar, el famoso Dumping fiscal.
Algunas autonomías bonifican sus impuestos cedidos, compitiendo directamente con otras CCAA que, haciendo frontera directa con ellas, no bonifican de igual manera los mismos impuestos y, por lo tanto, muchos contribuyentes de las segundas cambian su domicilio fiscal a las primeras a los efectos de beneficiarse de esas bonificaciones. ¿Es esta práctica ética?
Esta lucha se libra entre comunidades que, generalmente son más pobres en el sentido fiscal, ya que pierden contribuyentes, generalmente los más grandes ya que son los que tienen capacidad económica para hacer el cambio de residencia, y aquellas más grandes y fiscalmente ricas porque por población, renta per cápita o número de contribuyentes son capaces de bonificar o bajar impuestos.
El mayor problema que deriva de esta práctica es que una política de bajos impuestos o bonificaciones no desemboque en desequilibrios fiscales o demandas de más recursos de un modelo de financiación común que, de una u otra forma, debemos soportar todos y supondría, a su vez, un perjuicio en términos de equidad.
Por todo lo anterior y ante este problema, que nosotros mismos nos hemos generado, no hay una clara solución, sino que debemos considerar que es mejor para el conjunto del país y no qué es mejor en términos electorales partidistas o ideológicos.
Marcos Cabrito, comisión jóvenes economistas CGE, representante del Colegio de Economistas de La Rioja.
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