Es una realidad innegable que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Probablemente la Pandemia haya provocado que ese momento se haya adelantado, haciendo que la sociedad contemple el teletrabajo de una forma más favorable. El desarrollo tecnológico y evitar el creciente coste energético de los desplazamientos, pueden ser otros factores facilitadores para ello, junto a la mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar.
Lógicamente una condición podría decirse que indispensable para el sostenimiento a largo plazo del teletrabajo es el aumento de la productividad (o como mínimo que se mantenga), además de que no se requiera la presencialidad o que esta no sea especialmente relevante. Cualquier empresa que viera que la productividad de sus empleados cae con el teletrabajo trataría de volver a la presencialidad.
En cambio en la Administración Pública parece que la impresión general de los ciudadanos es que la calidad de la atención ha caído tras la pandemia debido al teletrabajo, puesto que la cita previa se ha convertido en obligatoria además de que los plazos de las citas con frecuencia sobrepasan el mes, se remite generalmente a teléfonos de atención que suelen estar colapsados y se ha forzado a gran parte de la población que no tiene las competencias digitales necesarias a realizar todos los trámites de forma telemática.
Es una oportunidad para desarrollar la figura de los Economistas como “Colaboradores sociales” de verdad, y que nos faciliten herramientas adecuadas para poder acceder de forma prioritaria a los servicios de atención presencial y de cita previa. Por lo general los profesionales estamos habituados a los trámites que hay que realizar y requerimos de menos tiempo de atención que un contribuyente cualquiera y de forma puntual podemos tener alguna duda con la forma de realizar alguna presentación de la forma más eficiente tanto para el contribuyente como para la Administración, evitando el “vuelva usted mañana” si falta algún documento, dato o requisito, reduciendo el número de requerimientos, tener que aportar nuevamente documentación, minimizando que el funcionario tenga que volver a revisar el mismo expediente varias veces… Incluso se podría reducir la litigiosidad por tener la seguridad de cumplir con todos los requisitos a la primera y no tener que recurrir o incluso llegar a los Tribunales si hubiera un canal fluido de información con la Administración en todos sus ámbitos.
Hay administraciones que distinguen entre cita para particulares y para colaboradores sociales, pero no hay esencialmente ninguna diferencia, pues ofrecen los mismos horarios, con las mismas fechas disponibles. Por otra parte, algunos centros de la Administración situados en capitales de provincia ya no ofrecen cita previa relacionada con algunos servicios que antes de la Pandemia sí ofrecían, y ahora el contribuyente tiene que desplazarse a otras poblaciones para recibir la atención necesaria para realizar el trámite que desea.
Hasta no hace mucho tiempo era más fácil hacer varios trámites administrativos encadenados en una secuencia de uno o dos días. Actualmente encajar la atención vía cita previa con el orden de realización de los mismos es mucho más difícil (si no imposible para cumplir con ciertos plazos).
Por ello creemos que es el momento de reclamar que los Economistas seamos colaboradores sociales a todos los efectos y se nos faciliten canales especiales de comunicación y de atención presencial, potenciando la relación con la Administración y aumentando su eficiencia coste cero, lo cual sería beneficioso también para el contribuyente.